Bolivia y el coro "antipopulista" *

 

Edgardo Mocca - Revista DEBATE 18-05-06

 

La liviana prosa política de los analistas neoliberales no ha tardado en situar al nuevo gobierno boliviano, encabezado por Evo Morales, en la clásica denominación de "populista". Hay cierto alivio en este procedimiento clasificatorio: el fin de la guerra fría conllevó el ocaso de los mapas interpretativos que organizaban al mundo según la exhaustiva y excluyente díada "países occidentales y países aliados del comunismo soviético". El populismo, más allá de su pertinencia analítica para determinadas prácticas políticas, se ha convertido hoy en un santo y seña para situar a algunos países y líderes bajo la lupa de la sospecha. Claro que los nostálgicos de las fórmulas reductoras de la incertidumbre propia de la política no se cuentan solamente a la derecha del espectro político; no faltan en la izquierda quienes creen ver en el líder sindical devenido presidente de Bolivia –y en su verborrágico aliado venezolano- la reencarnación de una gesta revolucionaria sólo pasajeramente interrumpida en las últimas décadas. Unos y otros demandan brújulas eficaces para orientarse en un mundo cuya complejidad los abruma; unos y otros renuncian al análisis histórico y lo reemplazan por infalibles certidumbres ideológicas. Para la derecha, la certeza del triunfo universal del neoliberalismo que las ignorantes élites políticas latinoamericanas –con honradas excepciones- se empeñan en desconocer; para la izquierda veteroleninista, el igualmente ineluctable rumbo hacia el "socialismo" (aunque la definición de tal meta siga dividiendo de manera incesante a sus profetas).

Conviene bajar del limbo de las profecías ideológicas a la historia reciente de nuestra región y sus duras peripecias. A la historia reciente, insistimos, porque no ha pasado un año todavía desde los días en que la ciudad capital de Bolivia estaba virtualmente bloqueada por la insurgencia que terminara con el experimento del gobierno de transición del presidente Mesa, dos años después del patético final del reformador neoliberal Sánchez de Losada. En junio del año pasado –casi nadie lo recuerda hoy- no era el fantasma del populismo lo que atravesaba la sociedad boliviana y preocupaba a los analistas de la región sino la para muchos inminente ruptura de su unidad nacional. Fragmentación política, radicalización de las demandas indigenistas, reivindicaciones nacionalistas extremas sin canalización orgánica, proyectos de secesión en el Oriente… no había muchos que apostaran por una deriva pacífica y civilizada de tamaña crisis. Las elecciones programadas no lucían como una solución posible, puesto que se auguraba un nivel de dispersión de los votos que impediría la construcción de un centro político capaz de ordenar el caos.

La demonización del populismo de Evo Morales desatada en estos días posteriores a la decisión de recuperar para el Estado boliviano la explotación de los hidrocarburos parece ignorar esa referencia histórica. Parece desconocer que el presidente boliviano consiguió una casi inédita mayoría electoral, sobre la base de una amplia política de alianzas y de un programa que incluía con toda claridad la decisión nacionalizadora que acaba de ejecutarse y que, por otra parte, no es sino el cumplimiento de la decisión soberana adoptada por la sociedad en el referéndum de junio de 2004. Y que esa fórmula política – más allá de que la crisis política boliviana sigue inevitablemente latente- permitió reconstruir un polo de autoridad política sin el cual la amenaza de la guerra civil podría haberse convertido en realidad. Con todo desparpajo e irresponsabilidad, la derecha política y sus voceros periodísticos pretenden cargar en las espaldas del nuevo presidente los eventuales rebrotes críticos en Bolivia.

No es extraño que si se silencia deliberadamente lo que ocurría en el mal llamado país del altiplano hace menos de un año, la desmemoria ideológica deje en un absoluto cono de sombra las condiciones que llevaron una relativamente exitosa transición democrática en los primeros años de la década del ochenta al reciente cuadro de desintegración nacional.

Bolivia parecía haber superado hace aproximadamente dos décadas su ominosa tradición de inestabilidad y violencia política recurrente. Más aún, su sistema de partidos políticos aprobaba los más exigentes cánones liberal-democráticos de la literatura especializada. Funcionaba lo que el eminente politólogo italiano, Giovanni Sartori, llamaba "pluralismo moderado". Es decir un sistema con pocos partidos (solamente tres en condiciones de acceder al gobierno), con una escasa "distancia ideológica" (lo que significa que ninguno se situaba en extremo alguno del arco ideológico) y sin actores "antisistema" relevantes. Como ninguno de los partidos alcanzaba mayorías electorales suficientes, se establecían "pactos democráticos" por medio de los cuales, la alianza de dos de los tres partidos decisivos garantizaba las necesarias mayorías en el parlamento, que es la sede donde se elige constitucionalmente a los presidentes en Bolivia. Ni siquiera la relativa afinidad ideológica era un predictor eficaz del tipo de pactos que permitiría la elección del presidente: así, en 1989 la derechista ADN del ex dictador Banzer facilitó la elección del presidente Paz Zamora, líder histórico del democristiano progresista MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). "Democracia pactada" se llamó, no sin cierta admiración, a este estado de cosas desde una muy respetable perspectiva institucionalista.

El problema de esa democracia boliviana, a la que nadie descalificaba como "populista" o "autoritaria" en aquellos tiempos, es que fue convirtiéndose en un sistema endogámico, sin capacidad para expresar y mucho menos para representar los nuevos dramas sociales que atravesaron el país en los años de las "reformas estructurales promercado". Los perdedores de los ajustes estructurales no tenían en esa sólida democracia pactada expresión alguna. ¿Es extraño que en esos años hicieran su aparición movimientos políticos que cuestionaran la democracia liberal y abrazaran causas nacionalistas, indigenistas o secesionistas?

Los lamentos por la supuesta "violación de la seguridad jurídica" que supondría la ruptura de los contratos con las empresas petroleras extranjeras carecen asimismo de consistencia. El elogiado régimen de emergencia que viabilizó la transferencia de la renta petrolera a manos ajenas al estado boliviano es ni más ni menos que inconstitucional, puesto que la ley fundamental de ese Estado obliga al tratamiento parlamentario de esas decisiones. Los defensores del decisionismo cuando de reformas neoliberales se trata carecen de autoridad política para criticar el "populismo" cuando se desanda en forma estrictamente legal ese camino. Sirva, dicho sea de paso, la experiencia para quienes siguen sosteniendo la doctrina de la "emergencia permanente" para fundar una política reformista en cualquier sentido: el pleno funcionamiento de los órganos representativos no es un adorno procedimental sino una garantía de solidez jurídica y política para las decisiones de un Estado democrático.

Los apóstoles de la cruzada antipopulista contra el gobierno de Evo Morales no terminan de aceitar su argumentación. La amistad con un presidente (Chávez) cuyas convicciones democráticas parecen bastante inferiores a su megalomanía o la admiración por la dictadura cubana no lo convierten automáticamente en un líder autoritario: los regímenes políticos no se juzgan por las simpatías políticas de sus líderes sino por sus prácticas concretas. Y nadie atina a ofrecer prueba alguna de violaciones a la ley y a la Constitución del país por parte del actual gobierno.

El acompañamiento de procesos tensos y traumáticos como los que recorre Bolivia es, además, una razón de ser principal para el proceso de integración regional, envuelto hoy en una innegable crisis. El Mercosur es hoy –sigue siendo- una zona de paz y estabilidad democrática; su influencia para la estabilización de la región puede ser un aporte invalorable, en el contexto de un proyecto que vaya mucho más allá de la liberalización comercial para convertirse en un factor político relevante y en una comunidad productiva eficaz para el desarrollo económico y social de sus miembros. Los problemas que la nacionalización de los hidrocarburos y la discusión de un nuevo precio para el gas boliviano acarrean para algunos países de la región deben enfrentarse desde la voluntad de preservar la voluntad de integración.

Lo que por ahora puede decirse del presidente y del gobierno boliviano es que es un emergente de una crisis nacional de extrema gravedad, una expresión política de sectores postergados de la sociedad boliviana y un síntoma del fracaso del funcionamiento de un sistema democrático. Es de esperar que la histeria ideológica y la necesidad de encontrar nuevos enemigos hemisféricos para la principal potencia mundial no lo conviertan, a través del acorralamiento y la extorsión, en una anacrónica reedición de épicas fracasadas.

 

Entrevista a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia

Pablo Stefanoni · · · · ·

09/07/06, publicado en Pagina 12, 8 julio de 2006

“La gente quiere autonomía pero conducida por el MAS”. El vicepresidente de Bolivia reconoce a Página/12 que su gobierno salió victorioso –recibió más votos que para las presidenciales–, pero que debe tomar en cuenta que en estos comicios se pidió “una mayor descentralización político-administrativa”. Le entrevistó Pablo Stefanoni en La Paz      Desde joven, su vida fue marcada por las movilizaciones indígenas y su obsesión fue articular marxismo e indianismo. Eso lo llevó a liderar, junto a Felipe Quispe, una guerrilla aymara en los primeros años ’90, conocida como Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), que le costó casi cinco años de cárcel. Al calor de las sucesivas crisis, García Linera se transformó en uno de los analistas políticos con más llegada a los medios y uno de los más entusiastas impulsores de la Asamblea Constituyente. La vida lo llevó por caminos no previstos y le tocó a él elaborar la ley de convocatoria a esa asamblea desde la presidencia del Congreso. En esta entrevista con Página/12, el vicepresidente boliviano –a cargo de la presidencia por el viaje a Caracas de Evo Morales– reflexiona, con las herramientas del sociólogo, sobre el proceso de cambio que vive el país andino y se define, con una sonrisa, como “jacobino-leninista”.     –¿Cuál es su balance de las elecciones del domingo?     –Tengo una lectura muy optimista. En primer lugar, nos arriesgamos a plebiscitar nuestra gestión de cinco meses. Asumimos estas elecciones como un plebiscito sobre las medidas de gobierno y el resultado es más que halagador. No hay cifras exactas, pero es claro que pasamos el 53,7 por ciento del 18 de diciembre y hemos consagrado una mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente (por encima del 60 por ciento).     –Aunque el MAS no llegó a los dos tercios necesarios para aprobar la nueva Constitución.     –Se nos ha dicho que no llegamos a dos tercios pero, de acuerdo con la ley de convocatoria, deliberadamente era imposible que alguien obtuviera los dos tercios. Además hemos logrado ampliar nuestra presencia en Santa Cruz y Tarija y en el departamento de Pando (en la amazonia boliviana) estamos a dos o tres puntos del primero. Hay una impresionante presencia del MAS en todo el país, es la primera vez que la izquierda gana en Santa Cruz.     –¿Y el referéndum por la autonomía?     –Claramente, junto con todo esto que he descripto, hay un fuerte espíritu regional autonomista que como gobierno debemos reconocer y procesar como una de las fracturas sociales que deben ser suturadas en la Asamblea Constituyente. Debemos recoger este mensaje que pide una mayor descentralización político-administrativa. La gente ha dado un doble mensaje: quiere autonomías pero conducidas por el bloque del cambio y no por los grupos conservadores.     –¿Está en la agenda del oficialismo introducir en la nueva Constitución la reelección del presidente?     –Como partido y gobierno no, pero hay movimientos sociales que la impulsan y veremos cómo es procesada en la Asamblea Constituyente.     –¿Hasta dónde es posible cambiar al Estado y no ser cambiado por él?     –El Estado como relación social es más flexible y fácil de cambiar que el Estado como institucionalidad, como materia heredada que sigue reproduciendo mecanismos de marginación. Aquí está la gran tensión en este proceso de ocupación del Estado por los movimientos sociales. ¿Cómo transformar esta institucionalidad rígida en favor de los movimientos sociales y de la sociedad civil? Ese es el desafío de la próxima Asamblea Constituyente.     –Cuando se habla de un gobierno de los movimientos sociales, la imagen que viene a la mente es la de un gobierno asambleísta, y eso no ocurre en Bolivia, donde las decisiones se concentran en el presidente Evo Morales...     –Claro, parece una contradicción. Hablamos de gobierno de los movimientos sociales porque el programa construido y levantado por esas organizacionesen estos últimos seis años, y también en anteriores luchas anticoloniales y antineoliberales, se agolpa hoy en un conjunto de reformas que se está ejecutando. Segundo, la estructura organizativa del Movimiento al Socialismo (MAS) es una coalición de movimientos sociales que definen las políticas generales de este gobierno. Y tercero, las grandes decisiones que se tomaron –nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y revolución agraria– han resultado de procesos deliberativos y de consulta con los movimientos sociales. No hay un asambleismo permanente, sino una combinación de asambleismo y concentración de decisiones. Otro nivel de esta presencia de los movimientos sociales se verifica en la forma de reclutamiento del personal del Estado, que obligatoriamente pasa por el filtro de los movimientos.     –Sin embargo, los movimientos sociales no están presentes homogéneamente en todo el país.     –Donde los movimientos sociales son más débiles –por ejemplo, en el oriente boliviano–, el Estado se presenta como forma de amortiguar el monopolio clientelar privado-empresarial de chantaje e intimidación que limita la acción colectiva popular; es decir, el Estado libera las condiciones del ejercicio de derechos y el potencial de movilización.     –Suena muy leninista.     –Por su puesto, en el fondo somos jacobinos leninistas (risas).     –La Asamblea Constituyente pasó de la idea de poder constituyente del pueblo (en una versión más cercana al filósofo italiano Antonio Negri) a la de constitucionalizar o blindar decisiones que se tomaron por decreto (más parecida a la posición de Hugo Chávez), ¿hay un cambio en la forma de pensar la Constituyente?     –Cuando no estábamos en el poder la veíamos como el escenario de construcción de un contrapoder frente a un Estado blindado a las demandas sociales. Pero cuando el movimiento popular logró romper el blindaje estatal, se coló por sus huecos, derrumbó sus murallas y ocupó el poder estatal, una buena parte de las demandas comienzan a ser ejecutadas por el nuevo gobierno. Por eso parecería que la Constituyente no tiene hoy el mismo impulso de antaño y algunos dicen “para qué la Asamblea Constituyente si ya estamos en el gobierno”. Sin embargo, sigue siendo un proyecto central. La Asamblea (que se reunirá en Sucre el 6 de agosto) será el gran escenario del ritual de integración y de acoplamiento de la sociedad en un momento de victoria cuando, por lo general, los momentos de unificación de la sociedad boliviana han sido después de grandes derrotas, como la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, etc. Si se logra el gran armisticio nacional, la Constituyente habrá cumplido con creces su misión. Pero también la convención será el lugar de materialización de las nuevas relaciones de fuerza en el país y, por lo tanto, de constitucionalización de las principales medidas tomadas por el gobierno.     –Evo Morales propone una gran alianza de clases entre campesinos, indígenas, obreros, clases medias, empresarios patriotas y militares nacionalistas frente al “imperialismo”; usted, en el acto de cierre de campaña en Cochabamba, dijo “industrialización o muerte” y que la exportación de materias primas es la base del colonialismo. ¿Hay un retorno al viejo nacionalismo ahora con rostro indígena?     –Toda revolución implica un tipo de alianzas, aun la guerra de clases es exitosa si se logra aislar, desmoralizar, debilitar al adversario y acoplar a potenciales aliados, ésa es la idea de una hegemonía. No creo que la alianza de clases sea patrimonio del viejo nacionalismo. La pregunta es quién construye esa hegemonía y hoy en Bolivia hay una modificación en el núcleo de articulación de la sociedad. Hay una reivindicación de patria, de Estado, de soberanía, pero los convocantes ya no son las clases medias letradas de la Revolución Nacional de 1952, sino un conglomerado de movimientos sociales de base indígena. Esto es lo que da como resultado un nuevo tipo de nacionalismo indígena; a mí me gusta más patriotismo indígena plurinacional, que piensa la nación a partir de la diversidad de naciones que conviven en su interior. Esta idea de patria tiene dos dimensiones: como fortaleza estatal y como fortaleza de los movimientos sociales, es una patria bicéfala, un neopatriotismo indígena.     –¿Y el correlato económico es el capitalismo andino que usted propuso o el viejo capitalismo nacional?     –El correlato económico de todo esto es el desmantelamiento progresivo de la dependencia económica colonial que nos condenaba a ser un país exportador de materias primas. Por eso la nacionalización de los hidrocarburos va atada a su industrialización en el país. Bolivia seguirá siendo un país capitalista, pero con mayor fuerza de negociación frente a los nodos del capitalismo mundial. Internamente, se trata de potenciar las estructuras comunitarias, por eso hablamos de capitalismo andinoamazónico. Predomina el capitalismo, pero reconociendo y reforzando otros modos de producción a los que se trasvasará excedente, riqueza y recursos técnicos. La revolución agraria en marcha es muy clara: las tierras se distribuyen de manera colectiva. Lo mismo ocurre con la distribución de tractores a municipios para su uso gratuito por la comunidad de productores, o la legislación sobre el agua, que favorece su apropiación comunitaria local frente a las formas de concesión privada. Hay una especie de neocomunitarismo económico que se va a ir potenciando, paralelamente a la economía estatal y a una relación negociada con la inversión extranjera y local.

La violenta, prolongada, clara Revolución boliviana

Adolfo Gilly · · · · ·

25/12/05

Publicado en Revista Sin Permiso

LAS REVOLUCIONES SON desplazamientos violentos en las relaciones de fuerzas entre las clases -dominantes y subalternos- en una sociedad determinada. Esos desplazamientos ponen en crisis la forma política de la dominación existente. Esta crisis puede expresarse también en el terreno electoral. Es lo que acaba de suceder en Bolivia, con la victoria arrasadora de los indios, los humillados, los explotados, los despojados, los mascadores de coca, las mujeres de pollera y los aliados de todos ellos, que llevaron a la presidencia de la república a Evo Morales. Normalmente, las elecciones son el lugar de renovación y reconfirmación de la dominación existente. En ellas se puede cambiar el personal político y administrativo del gobierno, a escoger entre los diversos miembros de la clase política que compiten entre si. Pero no se decide cuál clase o estrato social ejerce el mando real, aquel a cuyos marcos se subordina la totalidad de los políticos (pues cuando no lo hacen, se convierten en parias o intocables). Por ejemplo, el Pacto de Chapultepec, verdadero Manifiesto Capitalista de las altas finanzas mexicanas, es el marco hoy fijado por los grandes dueños de poder y del dinero a los tres candidatos presidenciales mexicanos: "ustedes pueden pelearse como quieran y escoger al equipo que les plazca, pero tienen que firmar este Pacto y cumplir su compromiso con nosotros". Es el equivalente nacional, por cierto bastante prepotente y descarado, de los rígidos controles que el FMI y su policía, el Pentágono, imponen a todos los países dominados. En Bolivia, las recientes elecciones han sido una confirmación política, legal, democrática, constitucional, institucional -y todos los demás adjetivos de la ciencia política que se quiera- de una violenta y persistente ola de fondo contra la dominación neoliberal en un Estado racista de matriz colonial como ha sido desde siempre el boliviano. Desde el año 2000 esa ola fue avanzando en sucesivas "guerras", revelador nombre bélico que el pueblo mismo dio a sus movimientos: la guerra contra la privatización del agua en Cochabamba en 2000; la guerra en defensa de los plantíos de coca en el Chapare contra el ejército y la policía en enero de 2003 (13 cocaleros muertos, 60 heridos); la guerra contra el impuesto a los salarios en La Paz en febrero de 2003 (más de 30 muertos); la guerra del gas en septiembre y octubre de 2003 (80 muertos), hasta culminar en ese octubre con la toma indígena de La Paz y la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ese mismo movimiento de fondo impidió la estabilización conservadora de su sucesor, Carlos Mesa, obligó a hacerse a un lado a otros dos posibles presidentes sacados de la manga y terminó por imponer al transitorio actual, Rodríguez Veltzé, unas elecciones en plazos que no quería y en condiciones que no imaginaba (al costo de poner el pueblo algunos muertos más en el camino…). Llevaron así a la presidencia al dirigente de un movimiento "fuera de la ley internacional", el de los cocaleros, pues la coca, hoja sagrada y alimento cotidiano de los pueblos andinos, es una planta ilegal según el Departamento de Estado de Washington, su dependencia la OEA, y quién sabe cuántas instituciones imperiales más. Cualquier cosa haga o tenga que hacer después Evo Morales, su primer grito a la hora del triunfo definió el color de esta victoria: "Causachun coca, huanuchun yankis" (Por la causa de la coca, mueran los yankis). Ese grito resonó como nunca, es seguro, allá en el altiplano a cuatro mil metros de altura, en la moderna, muy organizada y muy pobre ciudad indígena de El Alto, creación de los campesinos y mineros desarraigados por el neoliberalismo, de las tradiciones comunitarias indias, de la sed de comunidad y de modernidad de los migrantes internos que la poblaron, y de los afanes y trabajos cotidianos de sus 800 mil habitantes al borde mismo de la hoyada profunda donde, cuatrocientos metros más abajo, se estira hacia los valles cálidos la ciudad de La Paz.                                                               *** Esta elección democrática es la conquista de una revolución que no termina y que espera, en adelante, no tener que poner muertos sino asambleas, votos y decisiones colectivas para poder seguir por su camino. El boliviano es un pueblo sorprendentemente organizado bajo formas apenas registrables desde los miradores de la política institucional. Tanto y tan bien, que los encuestadores fueron víctimas, creo, de una espontánea conspiración de masas: les mintieron, les dijeron falsas intenciones de voto, les hicieron creer que Evo Morales andaba entre el 38 y el 40 por ciento (primera mayoría, a decidir pues en el Congreso); y después mostraron en las urnas que pasaba del 51 por ciento (mayoría absoluta, a decidir nomás nosotros con nuestros mismos votos, carajo, y si no nos reconocen viene otra guerra). ¿Viene otra guerra? Por ahorita no, por más que Condoleeza Rice diga que vigila, pues el otro elemento de la situación es que las clases dominantes, que lo siguen siendo, tienen miedo. Han visto con incrédulo asombro primero, y con temor irritado después, el ascenso de esta marea humana a la cual, desarmada, no la detuvieron las balas durante los cinco años pasados ni la desorganizaron las inevitables y naturales diferencias entre sus propios dirigentes. Las clases dominantes temen ahora desatar la violencia, pues en Bolivia la dirección en que camina el miedo se ha revertido. Esto no durará, ni es bueno que dure. Pero por ahora así es, y mientras tanto quienes aún dominan, pese a haber perdido la presidencia, tratan desde ya de cercar al nuevo gobierno con condiciones y presiones de sus aliados exteriores (pues en Bolivia, hoy, no hay magnates que puedan pegar manazos sobre la mesa para imponer a la nación oprimida un Pacto de Chapultepec) y de sus grupos locales más insolentes y reaccionarios, como la oligarquía racista de Santa Cruz de la Sierra y otras regiones. Qué viene, pues, habrá que verlo. Pero para verlo resulta desenfocado andar discutiendo las figuras del presidente y del vicepresidente, sopesar sus palabras cada día, escudriñar el alma de sus asesores, hacer comparaciones con Kirchner o con Lula (cada uno de los cuales fue al gobierno en condiciones, en países y en elecciones radicalmente diferentes entre si). Para verlo, ahora, es preciso considerar la fuerza con que puede continuar subiendo la marea y las cuestiones que el movimiento del pueblo, heterogéneo por necesidad, encontrará ante sí en lo inmediato.                                                                 *** Las cuestiones principales ahora por delante parecen estar ya definidas: *  La relación con la tierra: la defensa, estabilización y legalización de los plantíos de coca; el reparto agrario llevado hasta el fin, en el altiplano y en los valles. *  La relación de las organizaciones con el nuevo gobierno: la esperable expansión de las múltiples organizaciones del pueblo, coordinadoras, juntas vecinales, sindicatos, alcaldías, iglesias, federaciones, escuelas y universidades, un mundo en ebullición después de la victoria electoral, con las inevitables diferencias internas que son el precio legítimo de la vida democrática. * La relación con las riquezas naturales, la primera de todas el subsuelo nacional, el petróleo y el gas propiedad de la nación y a su servicio. * La relación de la nación consigo misma: las fotografías del festejo popular dicen verdad cuando muestran en primer plano a las mujeres, de donde no tardarán en querer sacarlas y en donde pelearán duro para permanecer; el combate organizado y real, y no tan sólo legal, contra la opresión racial connatural al presente Estado boliviano; la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución; la redistribución de los recursos y de las cargas tributarias; la educación para todos, la salud, los derechos sociales efectivos. * La relación con el mundo, frente a Estados Unidos, sus instrumentos financieros y militares de presión y su hoy fiel aliado y seguro servidor, el gobierno mexicano del presidente Fox; cerca de Cuba y de Venezuela; cerca de los movimientos andinos, indios y populares de Ecuador y de Perú y del movimiento campesino de Brasil; y en busca de una definición indispensable de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay, que en su relación geopolítica y económica con Bolivia tendrán que definirse, hoy más nunca, sobre sus reales relaciones e intenciones con sus propios pueblos, con el Mercosur y con el futuro independiente y democrático de América Latina.                                                              *** Bolivia sigue viviendo una revolución, la primera del siglo XXI, y una revolución es un proceso de fondo que, quiérase o no, obliga a todos a definirse, adentro y afuera. La luz clara e intensa que ella despide no tolera las medias tintas, los subterfugios políticos y los escondrijos declarativos. Una revolución no es algo que pasa en el Estado, en sus instituciones y entre sus políticos. Viene desde abajo y desde afuera. Sucede cuando entran al primer plano de la escena, con la violencia de sus cuerpos y la ira de sus almas, esas y esos que siempre están, precisamente, abajo y afuera: los postergados de siempre, los dirigidos, aquellos a quienes los dirigentes consideran sólo suma de votantes, clientela electoral, masa de acarreo, carne de encuesta. Sucede cuando esas y esos irrumpen, se dan un fin político, se organizan según sus propias decisiones y saberes y, con lucidez, reflexión y violencia, hacen entrar su mundo al mundo de los que mandan y logran, como una vez más en este caso, lo que se habían propuesto. Lo que viene después, vendrá después. Adolfo Gilly, miembro del Consejo de Redacción de SINPERMISO, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, México, DF. Autor de numerosos trabajos de historia, análisis político y crítica literaria, su famosa historia de la revolución mexicana (La Revolución interrumpida, ed. Era, México, D.F., varias ediciones) se ha convertido en un clásico, traducido a muchas lenguas. Desde que en su juventud residió en Bolivia, Adolfo Gilly nunca dejó de prestar atención a lo que sucede en ese país andino.

Bolivia y los recursos hidrocarburíferos
 

Extraido de la pagina oficial del MAS - wwwmasvbolivia.org

Siete claves para entender la nacionalización

Por Pablo Ramos

Desde la Redacción de APM

2 de Noviembre, 2006

A última hora, las empresas petroleras extranjeras firmaron los nuevos contratos con el gobierno boliviano. Sólo restan algunos acuerdos menores, pero los ingresos estatales se incrementan en forma sustancial.

Cómo era previsible, las compañías se quejaron hasta último momento del cambio en las condiciones de ejercicio del negocio petrolero y gasífero en Bolivia tras la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos el 1º de mayo pasado. Y como también era previsible, terminaron acordando las nuevas condiciones con la Administración del presidente Evo Morales y a partir de ahora dejan de ser propietarios de los recursos y pasan a revestir el carácter de operadoras y prestadoras de servicios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas son las claves para entender lo sucedido.

1- ¿Qué significó la nacionalización? En abril de 1996, durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia introdujo la modalidad de contratos de riesgo compartido entre el Estado, dueño de los recursos naturales, y las empresas privadas, mayoritariamente extranjeras. Con la normativa, transfirió a las corporaciones foráneas el 50 por ciento de las acciones de YPFB y la titularidad de los recursos. El 1º de mayo pasado, Morales nacionalizó mediante el Decreto Supremo Nº 28701 los recursos hidrocarburíferos (petróleo y gas natural), en virtud de lo que había anunciado durante la campaña electoral y de las conmovedoras movilizaciones sociales en contra de la política anterior. A partir de esa disposición, el Estado recupera la propiedad de los recursos, y obliga a las empresas a negociar las nuevas condiciones para la explotación comercial. Las compañías deben constituir una nueva empresa en sociedad con YPFB, donde el 51 por ciento del paquete accionario queda en manos de la estatal, convirtiéndose en meras prestadoras de servicio.

2- ¿Cómo es el aspecto económico de la nacionalización? En esencia, la inversión debe hacerla el sector privado, e YPFB obtiene las ganancias, paga las regalías y demás contribuciones, y transfiere una parte de las ganancias a la operadora privada. En números, el Estado -a través de YPFB- se va a quedar en los campos más grandes en cuanto a reservas con el 82 por ciento de la renta gasífera y petrolera, mientras que antes era del 50 por ciento. Las inversiones deben madurar, pero a partir de 2010, La Paz va a obtener ingresos por 4.000 millones de dólares anuales - según fuentes oficiales- gracias a las ventas a Argentina y Brasil.

3- ¿Quedan aspectos sin resolver? Sí, pero en lo esencial todo se acordó. La principal operadora en Bolivia es la brasileña Petrobras, responsable del 20 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de la nación mediterránea, y debido a la magnitud de las cifras en juego, todavía quedan algunos temas pendientes. Pero las diez empresas que
operan en ese territorio (la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco-belga Total Fina Elf y la estadounidense Vintage, las argentinas Matpetrol y Pluspetrol; British Gas; Repsol y su filial Andina, la Empresa Petrolera Chaco, perteneciente al
grupo British Petroleum) firmaron los nuevos contratos.

4- ¿Los nuevos contratos son homogéneos? No, existió flexibilidad y se tuvieron en cuenta las condiciones concretas de explotación. El porcentaje de participación va a depender de una fórmula dependiente de variables como la producción, el nivel de inversión, los precios y la depreciación, entre otras. Como en cualquier país, existen
grandes campos y áreas marginales. En aquellas zonas donde el recurso es abundante, el Estado se apropia de mayor renta, mientras que en las fajas menos importantes las empresas privadas obtienen mayores ganancias. Por ejemplo, para el caso de Total Fina Elf, la fórmula acordada es de 82 por ciento para Bolivia, mientras que con Vintage la relación es 50 y 50.

5- ¿Cómo funciona la operatoria? Según la prensa boliviana, las empresas que produzcan gas y petróleo en el territorio boliviano están obligadas a entregar en propiedad de YPFB toda la producción de hidrocarburos, la cual a nombre y en
representación del Estado asume la comercialización y define las condiciones para la exportación y la industrialización, así como los precios. Este tema todavía no fue resuelto con Petrobras, ya que la brasileña se opone a aumentar el precio de la BTU de gas que exporta a Brasil. Argentina ya tiene un contrato en vigencia de 20 años de
plazo a un precio de 5 dólares por BTU. Asimismo, YPFB no puede ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido autorizados y aprobados por el Poder Legislativo tal como instruye la Constitución Política del Estado. "Los contratos tienen que ser remitidos al parlamento para su aprobación, tal como establece la CPE y tal como no se hizo antes", puntualizó el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz.

6- ¿Cómo va a ser la evolución de los ingresos fiscales? Según la información oficial, las compañías petroleras debían pagar al Estado el 18 por ciento del valor de la producción a boca de pozo, más un impuesto a las ganancias y a la remisión de las utilidades al extranjero. Eso sumaba 318 millones de dólares anuales. Con los cambios introducidos en junio de 2005, con la nueva ley de Hidrocarburos, los ingresos crecieron hasta 906 millones de la moneda norteamericana. Y tras la nacionalización de los recursos del 1º de mayo pasado y la nueva modalidad contractual, se estima
que los ingresos van a alcanzar los 1.186 millones de dólares, el equivalente al 23 por ciento del PBI boliviano.

7- ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer? Una interpretación afirmaría que Bolivia está en vías de superar un tema tan espinoso como el energético sin la intervención de agentes externos -algo tan común en los últimos años- en forma autónoma, y obtener recursos para destinar a superar los dramáticos indicadores socioeconómicos. Además, Argentina y Brasil se garantizan la autonomía energética por
años al poder acceder a las segundas reservas de gas natural de Sudamérica después de Venezuela. Y sin la interferencia de las potencias mundiales. En síntesis, con la nacionalización se conjugaron la autonomía y la solidaridad.

 

pabloramos@prensamercosur.com.ar

extraida de revista Sin Permiso

La Paz/Santa Cruz.- A un año del triunfo electoral del 18 de diciembre de 2005 –cuando llegó a la presidencia con el 54% de los votos– la gestión de Evo Morales presenta más luces que sombras. Al menos así lo revela una encuesta de la firma independiente Apoyo, Opinión y Mercado, difundida ayer por el matutino La Razón, en la que el 62% de los bolivianos aprueba lo hecho por el mandatario indígena. En estos elevados niveles de apoyo inciden los números positivos que muestra la macroecononomía boliviana, que por primera vez en décadas tendrá superávit fiscal, y medidas estrella como la nacionalización de los hidrocarburos, que comenzó a reflejarse en los bolsillos de los más pobres con el bono “Juancito Pinto” –de 25 dólares anuales– contra la deserción escolar. Los sectores campesinos se benefician, además, con alrededor de 2.000 médicos cubanos, dotación de tractores venezolanos, planes de alfabetización, documentos de identidad gratuitos y una relación “cara a cara” con Evo Morales, que viaja a diario a las comunidades más alejadas de la sede de gobierno. 
“Encontramos un país fragmentando, económicamente quebrado, pero ahora este país no pide limosna. En 20 años de neoliberalismo todos los años había déficit fiscal, ahora, por primera vez, tendremos un superávit del 6% gracias a la nacionalización (del gas y el petróleo). Les dimos cátedra de economía a los neoliberales”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera durante el acto de festejo del triunfo electoral, ante decenas de simpatizantes concentrados en el Palacio Quemado. 
Pero este mismo sondeo muestra también la profunda división de Bolivia. Mientras obtiene el 79% de apoyo en El Alto –ciudad de 900.000 habitantes donde el 82% se identifica indígena– y el 62% en La Paz, los niveles de aprobación del presidente socialista bajan a un modesto 35% en Santa Cruz, sede de la actual ofensiva autonomista. 
Estos resultados no son casuales: Bolivia se encuentra sumida en una polarización regional en la que el occidente indígena apoya de manera incondicional el programa de reformas nacionalistas de Evo Morales mientras en el oriente pervive una fuerte hegemonía conservadora, como lo dejó en evidencia el cabildo popular del 15 de diciembre, que congregó alrededor de medio millón de personas bajo el Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra. Allí se resolvió desconocer la nueva Constitución –que deberá elaborar la Asamblea Constituyente– si no incluye la autonomía para los cuatro departamentos de la denominada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), un reclamo apoyado masivamente en el referéndum del 2 de julio pasado y que no es independencia sino mayores niveles de descentralización política, económica y administrativa. 
Tarija es la sede de las mayores reservas del gas boliviano –las segundas en América del Sur después de Venezuela– y Santa Cruz es el centro agroindustrial del país. Junto a los dos departamentos restantes, con menor incidencia económica, la “media luna” produce el 43% del PIB nacional y recibe la mitad de la inversión extranjera que llega a Bolivia. Allí están también los latifundios que la reciente ley de Tierras puso en la mira y desató una virulenta reacción de la oposición conservadora que acusa al gobierno de querer hacer tabla rasa con la “seguridad jurídica” y los derechos de propiedad en el país. 
Desde el viernes 15, cuando se reunió el cabildo autonomista, se produjeron violentos enfrentamientos entre oficialistas y opositores en regiones rurales de Santa Cruz, que incluyeron ataques a buses, quema de mercados y sedes del partido de gobierno, y dejaron decenas de heridos. La situación recién se calmó con la llegada de varios contingentes de policías y militares y la firma de un acuerdo de paz. 
Un problema adicional para el gobierno es el empantanamiento de la convención constituyente, que después de más de cuatro meses de sesiones no logra ponerse de acuerdo sobre la forma de aprobación de la nueva Carta Magna. Mientras el oficialismo propone una fórmula mixta basada en la mayoría absoluta, la oposición reclama que sea aprobada por dos tercios de los votos. En caso contrario, sostienen, la oposición sería un convidado de piedra ya que el Movimiento al Socialismo cuenta, con sus propias fuerzas, con más del 50% de los delegados. 
En Santa Cruz –una región de extensas llanuras, alejada de las postales típicas del Altiplano– muchos desconfían del indigenismo de Evo Morales sumado, según ellos, a una desmedida injerencia del venezolano Hugo Chávez. Y esa desconfianza se transforma en discurso bélico en boca de grupos radicales como la Unión Juvenil Cruceñista –una suerte de fuerza de choque del Comité Cívico que encabeza la lucha autonómica. “Evo Morales está llevando a Bolivia a una guerra racial, quiere implantar un gobierno hitleriano, nosotros no tenemos la culpa de los 500 años de sometimiento de los indígenas. Acá gobierna Chávez”, dice David Ceja, uno de los líderes de la organización. Y muchos creen que Morales intentará perpetuarse en el poder mirándose en el espejo del venezolano. 
El martes, el presidente boliviano flexibilizó su posición al convocar a firmar un “pacto por las autonomías” a los líderes regionales y abrir la posibilidad de flexibilizar la posición del MAS en la Asamblea Constituyente. El gobierno se divide entre palomas y halcones a la hora de abordar la cuestión de la “oligarquía cruceña” pero, al parecer, el pragmatismo de Evo Morales lo ha colocado del lado de quienes buscan una salida pactada. Al leer las últimas encuestas, el mandatario indígena se convenció de que la única manera de afianzar su proyecto político es ganar al díscolo oriente boliviano a su causa y de que sólo logrará ese objetivo levantando él mismo la bandera autonómica. Eso sí, “sin que ello implique control local de recursos estratégicos como tierras o hidrocarburos”.

Pablo Stefanoni es corresponsal del diario argentino Clarín en Bolivia. Este artículo fue publicado en italiano en el cotidiano comunista Il Manifesto el pasado 20 de diciembre. La versión aquí reproducida es el original castellano que  ha enviado el propio autor a SinPermiso.